Habitantes de Río Lagartos mantienen una protesta con bloqueo en el entronque carretero que comunica con Las Coloradas y San Felipe, para exigir la ampliación de la carretera Tizimín–Río Lagartos. Ante esta situación, el Gobierno de Yucatán informó que mantiene el diálogo con los inconformes y reiteró su propuesta de instalar una mesa de trabajo con autoridades federales para atender la demanda.
Los manifestantes solicitan la ampliación de esta vía, al considerar necesario mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes transitan por la zona. El reclamo se centra en una intervención que permita contar con una carretera más segura, mientras que las afectaciones a la circulación han llevado a las autoridades a recomendar rutas alternas durante el fin de semana largo.
Por su parte, el Gobierno del Estado señaló que la ampliación de la carretera es competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido a que se trata de una vía federal. Sin embargo, indicó que el viernes 30 de octubre, el mismo día en que comenzó el bloqueo, acudieron al lugar representantes del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), de la SICT y la alcaldesa de Río Lagartos, Yesenia Loría Marfil, para escuchar las peticiones de los habitantes.
La administración estatal precisó que actualmente se realizan trabajos de conservación en 48.5 kilómetros de la carretera, con una inversión de 42.46 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), los cuales registran un avance del 75 por ciento. Aclaró que estas labores contemplan renivelaciones y una nueva capa de rodadura, pero no corresponden a la ampliación solicitada por los habitantes.
El Gobierno estatal también informó que propuso instalar una mesa de trabajo con la SICT y el INCAY el sábado 31 de octubre o el lunes 2 de noviembre, con la participación de autoridades facultadas para dar seguimiento a la petición. Según el comunicado oficial, la primera invitación no fue aceptada por los representantes de los manifestantes. Mientras continúan las gestiones, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene presencia en la zona y orienta a los automovilistas hacia rutas alternas.
El conflicto mantiene sobre la mesa dos puntos centrales: la exigencia ciudadana de ampliar una carretera considerada importante para las comunidades del oriente de Yucatán y la necesidad de establecer acuerdos con la autoridad federal responsable de ejecutar el proyecto. Hasta el momento, el comunicado estatal no anuncia una fecha para iniciar las obras de ampliación ni detalla un compromiso presupuestal para realizarlas.
