Amnistía Internacional y el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta (Oplep) hicieron un llamado al Congreso de Yucatán para aprobar una iniciativa de reforma legal que busca proteger el derecho a la libertad de expresión y a la protesta, así como evitar la criminalización de periodistas, activistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente.

La iniciativa fue presentada por la diputada Clara Paola Rosales Montiel, de Morena, luego de que organizaciones civiles la entregaran el 24 de octubre de 2025 a ella y al diputado Wilmer Monforte Marfil. La propuesta contempla modificar diversas disposiciones del Código Penal, el Código Civil y otros ordenamientos estatales que, según las organizaciones, pueden utilizarse para hostigar judicialmente o limitar las manifestaciones públicas.

Entre los puntos señalados están las disposiciones relacionadas con ataques a las vías de comunicación, desobediencia y resistencia de particulares, ultrajes a la moral y las buenas costumbres, así como los delitos contra el honor, entre ellos difamación, calumnia e injuria. Las organizaciones sostienen que estas normas pueden emplearse para presionar a quienes denuncian daños ambientales, invasiones territoriales o situaciones de interés público.

El antecedente de esta iniciativa se remonta a 2022, cuando periodistas de Yucatán comenzaron a impulsar cambios para eliminar los delitos contra el honor de la legislación penal estatal. En 2023, la entonces diputada Fabiola Loeza Novelo presentó otra propuesta en el mismo sentido; sin embargo, esta no fue aprobada y posteriormente fue desechada.

Como parte del seguimiento, el 24 de abril de 2026 se realizó en el Congreso estatal el foro “Defender Derechos No es Delito”, con la participación de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones civiles.

Amnistía Internacional y el Oplep señalaron que la reforma debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, que protegen el derecho de reunión pacífica y reconocen la labor de periodistas y observadores durante las manifestaciones. También destacaron la importancia del Acuerdo de Escazú, que establece obligaciones para proteger a quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Las organizaciones pidieron a las y los legisladores analizar y aprobar los cambios propuestos, con el objetivo de garantizar que las personas puedan expresar sus inconformidades, denunciar abusos y defender sus derechos sin enfrentar represalias o procesos judiciales que limiten su participación pública.