Una comerciante formal dedicada a la venta de marquesitas en distintos puntos de Mérida denunció públicamente al secretario de la agrupación La Concordia, Esteban Solís Bote, a quien señala por presuntas agresiones verbales y amenazas derivadas de los conflictos que, afirma, existen entre el comercio establecido y los vendedores ambulantes.

En entrevista exclusiva, la comerciante, identificada como Lorena, explicó que su inconformidad no está relacionada con la existencia del comercio ambulante, sino con lo que considera una falta de orden y de reglas claras para determinar dónde pueden instalarse los puestos y qué distancia debe existir entre vendedores que ofrecen productos similares.

Lorena señaló directamente a La Concordia y afirmó que, desde su perspectiva, la agrupación funciona como una estructura de control sobre parte del ambulantaje en Mérida. También sostuvo que los presuntos cobros a vendedores ambulantes son conocidos por autoridades municipales.

La comerciante mencionó particularmente a Adrián Caballero, a quien identificó como jefe de inspectores de la Subdirección de Ambulantaje del Ayuntamiento de Mérida, y cuestionó la actuación de esta área frente a la instalación de puestos en zonas donde también existen negocios establecidos.

Estas acusaciones forman parte del testimonio de la comerciante y deberán ser contrastadas con la postura de los funcionarios y de los integrantes de La Concordia.

El señalamiento ocurre en un contexto en el que el comercio ambulante y la actuación de La Concordia han sido objeto de diversas denuncias públicas. En febrero de 2026, Esteban Solís Bote defendió a los vendedores ambulantes y pidió a las autoridades mayor flexibilidad para quienes trabajan en la vía pública.

Además, en días recientes se han difundido denuncias relacionadas con presuntos cobros a vendedores ambulantes. La Fiscalía General del Estado confirmó que existen denuncias e investigaciones en curso por presuntos casos de extorsión relacionados con personas que se habrían presentado como trabajadores del Ayuntamiento.

Para Lorena, el problema también tiene un impacto directo en quienes decidieron invertir en establecimientos formales.

La comerciante explicó que cuenta con un establecimiento ubicado en el Parque de La Plancha, instalado en un vagón acondicionado como restaurante. Sin embargo, afirmó que decidió cerrar este negocio debido a la presencia de varios vendedores ambulantes en las calles cercanas que ofrecen marquesitas, alimentos y bebidas similares.

“Yo no estoy en contra del ambulantaje”, sostuvo la comerciante, al explicar que su reclamo está relacionado con la falta de reglas y de condiciones que, desde su perspectiva, permitan una convivencia entre el comercio establecido y quienes venden en la vía pública.

Uno de los puntos que plantea es la necesidad de establecer reglas claras sobre la distancia entre puestos ambulantes, particularmente cuando varios vendedores ofrecen exactamente el mismo producto.

La denuncia de Lorena abre nuevamente la discusión sobre cómo debe regularse el comercio en la vía pública, qué autoridad debe establecer y hacer cumplir las reglas y cuáles son las condiciones que deben garantizarse tanto para los vendedores ambulantes como para quienes han invertido en establecimientos formales.