Tres frentes mantienen frenado el proyecto Las Dunas en Chuburná Puerto
El proyecto inmobiliario Las Dunas, en Chuburná Puerto, permanece detenido mientras avanzan tres frentes legales y administrativos relacionados con sus permisos, posibles afectaciones ambientales y la actuación de las autoridades.
El primero corresponde al juicio de amparo promovido por habitantes de Chuburná Puerto, con acompañamiento de organizaciones ciudadanas. El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió una suspensión provisional que impide, por ahora, ejecutar las licencias municipales de uso de suelo y construcción y realizar trabajos que puedan afectar el entorno. La audiencia incidental fue reprogramada para el 29 de septiembre, por lo que todavía está pendiente determinar si la suspensión provisional continúa.
El segundo frente surgió a partir de una denuncia popular presentada ante Profepa por Jorge Álvarez Máynez y otros ciudadanos, relacionada con las posibles afectaciones ambientales provocadas por el proyecto. El 2 de septiembre se presentó una nueva denuncia y, de acuerdo con información difundida el 22 de septiembre por Movimiento Ciudadano, Profepa notificó posteriormente la realización de una visita de inspección.
El tercer frente corresponde al procedimiento administrativo iniciado directamente por Profepa tras sus inspecciones de finales de julio. La dependencia federal detectó afectaciones a especies protegidas, incumplimiento de condicionantes ambientales y forestales, además de irregularidades en el manejo de residuos derivados del desmonte. Por ello impuso una clausura temporal total y abrió el procedimiento administrativo correspondiente.
Entre los hallazgos reportados por Profepa se encuentran ejemplares de flora y fauna protegidos por la NOM-059-SEMARNAT que no habrían sido reportados en la Manifestación de Impacto Ambiental, así como afectaciones en la superficie desmontada. La dependencia señaló además que algunas de estas conductas podrían trascender del ámbito administrativo y eventualmente constituir delitos contra la biodiversidad, algo que tendría que determinarse conforme al procedimiento correspondiente.
El caso también involucra la revisión de los permisos que permitieron avanzar al proyecto. El Gobierno de Yucatán informó en agosto que la autorización ambiental definitiva corresponde al ámbito federal y que solicitó a Semarnat y Profepa verificar el cumplimiento de las autorizaciones.
Por ahora, la suspensión judicial y la clausura administrativa mantienen frenados los trabajos, mientras continúa la revisión de los permisos y procedimientos relacionados con el proyecto.
