Una comerciante de Ciudad Caucel denunció públicamente haber sido víctima de un presunto intento de extorsión, luego de que personas que se hicieron pasar por inspectores del Ayuntamiento de Mérida colocaran sellos y acordonaran su negocio.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, las personas le habrían exigido un pago para permitirle continuar trabajando en la vía pública y, ante su negativa, habría sido colocado el supuesto aviso de clausura en su puesto ubicado en la zona de la calle 31 con 104. El caso fue difundido públicamente el 18 de septiembre.
La comerciante también señaló que, según su versión, estas personas estarían relacionadas con un grupo de comerciantes identificado como La Concordia. Este señalamiento corresponde a la denunciante y no implica que dicha agrupación haya sido acreditada oficialmente como responsable de los hechos.
Ante la situación, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, confirmó que las personas involucradas no eran inspectores municipales.
El Ayuntamiento, además, recordó que ningún inspector está facultado para cobrar dinero directamente a los comerciantes en la vía pública. Los pagos correspondientes a permisos deben realizarse mediante los canales oficiales y contar con el recibo respectivo.
La situación abre ahora varias preguntas: ¿quiénes colocaron los sellos?, ¿cómo obtuvieron documentación o elementos para hacerse pasar por inspectores?, ¿fueron identificados?, ¿se presentó una denuncia ante la autoridad correspondiente y qué investigación se realizará?
Hasta la información pública consultada, no se ha informado oficialmente si existe una denuncia penal contra las personas señaladas, si fueron identificadas o si existe alguna investigación que vincule a La Concordia con este caso.
El Ayuntamiento cuenta con mecanismos para recibir reportes ciudadanos y darles seguimiento, entre ellos Ayuntatel y sus plataformas oficiales.
