Empresario denuncia detención tras auxiliar a joyero

Un empresario denunció presuntas irregularidades y abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Mérida, luego de haber sido detenido cuando acudió en auxilio de un comerciante del área de joyería del mercado Lucas de Gálvez, quien presuntamente estaba siendo víctima de un intento de fraude.

El empresario, identificado como Emilio Andrés Salazar Pedroza, relató que el pasado domingo fue alertado por un joyero, quien le pidió ayuda debido a que una persona intentaba venderle una cadena de fantasía haciéndola pasar como oro. Según su versión, se trataba de la segunda ocasión en que el mismo individuo intentaba engañar al comerciante.

Al llegar al lugar, el presunto timador intentó escapar al percatarse de que habían solicitado la presencia de la Policía. Salazar Pedroza y otra persona fueron tras él con la intención de retenerlo hasta que llegaran los agentes.

El empresario aseguró que los policías arribaron aproximadamente 20 minutos después y que posteriormente intervino un comandante identificado con la clave Jaguar, quien habría ordenado detener a las personas involucradas y elaborar un informe en el que se les señalaba de haber ejercido violencia contra el joven.

Sin embargo, el empresario afirma contar con un video en el que se observa al individuo intentando escapar y posteriormente intentando enfrentarse a golpes con quienes lo seguían. En las imágenes, según su versión, otra persona lo sujeta por detrás y lo regresan hasta la zona de la joyería, sin que se observe una agresión que le provocara una herida sangrante.

Pese a ello, aseguró que en el informe policial se asentó que él había utilizado la fuerza y golpeado al presunto defraudador.

Denuncia ante Derechos Humanos y Contraloría

La inconformidad ya trascendió a instancias formales. Documentos mostrados por el empresario acreditan una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), realizada el 18 de agosto de 2026, así como una comparecencia ante la Dirección de Contraloría Municipal de Mérida.

En esta última instancia quedó integrado el expediente DCM/SNA-DIA-INV-37/2026, relacionado con el señalamiento de posibles faltas administrativas atribuibles a servidores públicos de la Dirección de Policía Municipal.

Además, entre la documentación exhibida se encuentra un acuse de presentación de demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, registrado el 2 de agosto de 2026, promovido por Julio César Cobos Escudero.

Denuncia trato degradante

El empresario relató que, después de ser llevado a los separos de la Policía Municipal, él y las otras personas detenidas fueron sometidos a revisiones que calificó como humillantes, incluyendo la obligación de desvestirse y realizarse agachadas antes de ser ingresados a las celdas.

Aseguró que posteriormente fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde les informaron que podrían permanecer entre 48 y 72 horas mientras se definía su situación jurídica.

Finalmente, después de casi 24 horas, fueron puestos en libertad, luego de que un abogado presentado por su esposa acreditara, según su versión, que no existían elementos suficientes para sostener los cargos.

Sus hijos quedaron solos

El empresario también señaló que durante su detención dos de sus hijos, quienes se encontraban en el puesto familiar del mercado, quedaron solos. Explicó que uno de ellos tiene TDAH y que fueron los propios locatarios quienes alertaron a su esposa para que acudiera por ellos.

Ahora, Salazar Pedroza analiza con sus abogados la posibilidad de emprender acciones legales contra los servidores públicos involucrados por una presunta detención arbitraria y declaraciones falsas, al considerar que cuenta con evidencia videográfica para demostrar que no golpeó al joven y que únicamente intentaba retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Las acusaciones forman parte de procedimientos y señalamientos presentados por el propio empresario, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y, en su caso, responsabilidades administrativas o legales.