De las listas del poder a las redes sociales: la libertad de prensa en México sigue bajo presión

MÉXICO.— La reciente exhibición de periodistas, medios de comunicación y cuentas digitales señalados por el Gobierno federal como parte de un supuesto “ecosistema de amplificación digital” abrió nuevamente una vieja discusión en México: ¿hasta dónde puede llegar el poder político cuando se siente cuestionado por la prensa?

La polémica surgió luego de que Luisa María Alcalde presentara un análisis en el que fueron identificadas 54 cuentas relacionadas con medios, periodistas, comentaristas y otros actores políticos. Entre los nombres mencionados aparecen periodistas y medios críticos del actual gobierno. El oficialismo sostiene que no se trata de una “lista negra”, sino de un análisis sobre la manera en que determinados contenidos se amplifican en redes sociales.

➡️Pero la oposición reaccionó de inmediato.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, cuestionó el señalamiento de periodistas y medios y ha defendido la creación de una Defensoría Nacional para la Libertad de Expresión y de Prensa. Su propuesta busca brindar protección jurídica a periodistas frente a posibles actos de censura, hostigamiento o represalias provenientes del Estado.

El problema para el PRI es que esta discusión también obliga a mirar hacia atrás.

Porque si hoy los priistas denuncian que el poder no debe señalar a periodistas incómodos, resulta inevitable recordar que durante décadas los gobiernos emanados del PRI construyeron una relación profundamente condicionada entre poder político y medios de comunicación.

No siempre se necesitó una orden directa de censura.

Durante el viejo régimen priista, el control de la prensa funcionó mediante mecanismos como la publicidad oficial, las relaciones políticas con propietarios de medios y distintas formas de presión económica y política. Incluso después de la alternancia política, organizaciones y especialistas documentaron el uso de la publicidad gubernamental como mecanismo de presión indirecta sobre medios críticos.

La llamada “Ley Chayote”, aprobada en 2018 durante el último gobierno priista, fue precisamente cuestionada porque mantuvo un modelo de asignación de publicidad oficial que podía favorecer a determinados medios y generar incentivos para una cobertura favorable al gobierno.

Es decir: antes de las listas digitales existían otras formas de controlar la conversación pública.

La diferencia fundamental es que el ecosistema informativo cambió.

Las redes sociales rompieron buena parte del monopolio que durante décadas tuvieron la televisión, la radio y los grandes periódicos sobre la distribución de información. Hoy un periodista puede publicar desde un teléfono, construir una audiencia propia y llegar directamente a miles o millones de personas sin depender necesariamente de una concesión, una estación de radio, una televisora o la portada de un periódico.

Eso abrió una puerta enorme para el periodismo independiente.

Pero también creó nuevos problemas: desinformación, campañas coordinadas, cuentas anónimas, bots, polarización y guerras digitales.

Y ahí está precisamente el debate que debería importar.

El Estado tiene derecho a combatir la desinformación, pero ¿qué ocurre cuando el propio gobierno comienza a identificar públicamente a quienes considera sus adversarios informativos?

La pregunta no debería depender de si el gobierno es priista, panista o morenista.

Porque la historia reciente demuestra que el problema es más profundo que un partido.

Hay otro dato que obliga a dejar de lado las discusiones partidistas.

De acuerdo con ARTICLE 19, durante el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados 48 periodistas; durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 47; y durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, otros 47.

Casi 150 periodistas asesinados en tres sexenios.

Y mientras la clase política discute quién censuró más, quién señaló más o quién utilizó mejor la publicidad oficial, cientos de periodistas han tenido que ejercer su profesión en un país donde investigar corrupción, crimen organizado o abusos de poder puede convertirse en una amenaza personal.

Por eso la discusión sobre libertad de prensa no debería reducirse a defender a un grupo de periodistas contra otro.

La libertad de expresión no puede depender de quién ocupa Palacio Nacional.

El PRI no puede exigir hoy libertades que durante décadas fueron cuestionadas bajo gobiernos emanados de sus filas. Morena tampoco debería asumir que, por haber denunciado aquellas prácticas, está exento de repetirlas.

Y los medios tampoco están por encima de la crítica.

La democracia necesita periodistas que puedan ser cuestionados, pero también necesita que puedan cuestionar al poder sin miedo a represalias.

Las redes sociales cambiaron las reglas del juego. El poder ya no controla por completo quién informa.

La verdadera prueba para cualquier gobierno será demostrar que puede convivir con esa nueva realidad sin intentar decidir quién tiene derecho a hablar.

Porque una prensa libre no sirve solamente para defender al periodista.

Sirve para defender al ciudadano que necesita saber qué está haciendo el poder cuando nadie lo está vigilando.