Cada vez que una autoridad interviene para recuperar un predio invadido ocurre el mismo fenómeno: el debate deja de centrarse en la legalidad y comienza a girar en torno a la justificación de la invasión. Poco a poco, pareciera que ocupar un terreno ajeno se ha normalizado como una vía para acceder a una vivienda.

Es un tema complejo. Nadie puede ignorar que detrás de muchas invasiones existen familias que enfrentan una necesidad real de contar con un patrimonio. Durante décadas, distintos gobiernos federales y estatales dejaron rezagadas las políticas de vivienda social, mientras el precio de la tierra aumentó y miles de personas quedaron sin posibilidades de adquirir una casa.

Ese abandono institucional ayudó a crear un problema que hoy sigue presente. Por ello resulta positivo que actualmente el Gobierno Federal y el Gobierno de Yucatán hayan anunciado programas conjuntos para impulsar la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, esas acciones llegan después de años en los que el acceso a una vivienda dejó de ser una prioridad para muchos gobiernos.

Pero una deuda histórica no puede convertirse en un permiso para violar la ley.

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo esta semana que «en Yucatán nadie está por encima de la ley», al referirse al operativo realizado para recuperar un predio del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). Más allá de las posturas políticas, el mensaje plantea una discusión de fondo: el Estado tiene la obligación de proteger el patrimonio público y hacer valer el Estado de derecho.

Si la autoridad deja de actuar por temor a la crítica social, el mensaje que se envía es peligroso: que basta con invadir un terreno para generar un conflicto que termine favoreciendo a quienes lo ocuparon ilegalmente.

Lo mismo ocurre con la protección del medio ambiente. El propio Gobierno del Estado informó sobre la clausura de polígonos en Celestún por el presunto desmonte ilegal de más de 130 hectáreas y la comercialización de lotes en un área natural protegida. En ambos casos existe un elemento común: cuando la ilegalidad se tolera, las consecuencias terminan afectando a toda la sociedad.

Eso no significa criminalizar la pobreza ni desconocer las necesidades de cientos de familias. Significa reconocer que el derecho a una vivienda digna debe garantizarse mediante políticas públicas, programas de desarrollo urbano y acceso legal al suelo, no mediante invasiones.

La empatía social es necesaria, pero también lo es la certeza jurídica. Una sociedad donde se normaliza ocupar terrenos públicos o privados termina generando más conflictos, incertidumbre y desigualdad.

El desafío para los gobiernos no consiste únicamente en desalojar invasiones, sino en evitar que ocurran. Eso implica construir más vivienda social, facilitar el acceso a créditos, planificar el crecimiento urbano y atender las causas que llevan a las personas a buscar una solución fuera de la ley.